lunes, 16 de enero de 2017

Jornadas de Juzgados de Primeros Destinos

La precaria situación de la administración de justicia se acentúa en pequeñas localidades que son el primer destino de la judicatura. La falta de medios, servicios comunes que alivien la presión que supone la carga de trabajo, y la soledad de quienes han de afrontar la demanda de tutela judicial, generan una compleja gestión del trabajo cotidiano que impide en ocasiones una respuesta judicial rápida y de calidad.

Jueces para la Democracia siempre ha estado preocupada por esta cuestión. Merece la pena estudiar cómo se afronta en lugares diversos, y conocer las experiencias de quienes antes han tenido que solventar estas dificultades. Estas Jornadas pretenden avanzar en la búsqueda de herramientas e instrumentos para superar los primeros destinos de la carrera judicial.

Jueces para la Democracia


Comunicado JpD Catalunya sobre trabajadoras limpieza Ciudad de la Justicia

JUECES PARA LA DEMOCRACIA ha tenido conocimiento de la dramática situación que están sufriendo las trabajadoras de la limpieza de la Ciudad de la Justicia en L’Hospitalet de Llobregat. 

La empresa KLE SERVICIOS INTEGRALES se adjudicó la contrata de limpieza de estos edificios desde enero de 2014. Tanto el anterior Gerente de la Ciudad de la Justicia, como los responsables de la licitación, tenían conocimiento de que esta empresa tenía una deuda superior a los cuatro millones de euros con Hacienda, adeudaba dinero a muchas trabajadoras, y llegó a despedir a varias de ellas por su afiliación sindical. 

En la Ciudad de la Justicia, las trabajadoras tienen interpuestas más de 40 denuncias a Inspección de Trabajo solo en el año 2016. Desde el 2014, se les han retrasado en el pago de sus nóminas 9 veces y a día de hoy se les adeuda la nómina de diciembre. Además, tuvieron que interponer una demanda de conflicto colectivo para que la empresa les respetase los derechos que tenían adquiridos de la anterior. 

A pesar de todo ello, se ha prorrogado la contrata hasta el 31 de diciembre del 2017. 

En esta semana, las trabajadoras van a decidir por medio de asambleas si finalmente mantienen la huelga convocada para la semana del 23 al 27 de enero, ante lo insostenible de una situación de penuria económica, precariedad e incumplimiento de los más elementales derechos laborales. 

Los poderes públicos tienen el deber de promover el respeto de los derechos fundamentales, entre los que cuenta el derecho a un trabajo digno y la libertad sindical.

Los contratos de servicios públicos que conciertan los poderes adjudicadores de los mismos deberían contener cláusulas excluyentes de empresas que hubieran sido condenadas judicialmente por vulnerar derechos fundamentales y que incumplieran sistemáticamente sus obligaciones laborales y de Seguridad Social. 

JUECES PARA LA DEMOCRACIA QUIERE MOSTRAR SU MÁS INTENSA SOLIDARIDAD CON ESTAS TRABAJADORAS Y DENUNCIAR LA FRAUDULENCIA DE ESTE TIPO DE CONTRATAS, MÁXIME EN ESPACIOS COMO LA CIUDAD DE LA JUSTICIA.

viernes, 13 de enero de 2017

Comunicado CIM a propósito del incendio en una de las sedes judiciales de Torrejón de Ardoz






A las 13:00 horas del día 11 de enero tuvo lugar un incendio en la sede de los juzgados de Primera Instancia nº 5 y de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz, sede ubicada en la calle Granados nº 18 de dicha localidad. La causa probable se atribuye a un cortocircuito en el sistema de ventilación en la única vía de entrada y salida a dicha sede (cada juzgado tiene su propia puerta de entrada pero solo una está habilitada como tal, medida que supone un ahorro en los costes de vigilancia y seguridad), vía de acceso de reducidas dimensiones lo que diariamente plantea problemas para el paso de personas con problemas de movilidad, discapacidad física e incluso gente gruesa. El incendio no pudo sofocarse con los extintores existentes y requirió la actuación del cuerpo de bomberos, que ordenó el desalojo de todas las personas que se encontraban en el edificio judicial. Tras la intervención de los bomberos, el fuego fue extinguido a las 14:20. 

Aunque afortunadamente no ha habido que lamentar pérdidas humanas ni daños personales, queremos denunciar que ese triste resultado podría haberse producido y que si no ha sucedido ha sido por circunstancias bien distintas a la obligada previsión y observancia de las normas mínimas de seguridad exigibles en un edificio destinado al uso judicial, donde diariamente acceden y transitan personas. 

Resulta increíble, tal y como ha informado la Magistrada Decana del partido judicial de Torrejón de Ardoz, que no se activara ningún sistema de alarma y/o de detección de incendios. No exista salida de emergencia y que todas las ventanas de la sede tengan rejas. De haberse propagado el fuego con rapidez, todos cuantos estaban allí hubiesen quedado atrapados, y hoy nos estaríamos lamentando de una auténtica tragedia. La configuración de los juzgados, en los bajos de un edificio, con un larguísimo y estrecho pasillo que comunica ambos juzgados, es una auténtica ratonera. 

La calamitosa situación de esta sede ha sido denunciada con reiteración desde hace años, haciendo hincapié en la inidoneidad de la misma para uso judicial, sin que la Comunidad de Madrid responsable del estado, mantenimiento y conservación de los edificios judiciales haya realizado la mínima actuación para evitar episodios como el que lamentablemente se ha producido. Ausencia que se torna en imperdonable, habida cuenta de la abundante información que tiene la Comunidad de Madrid sobre la peligrosa e inaceptable situación de esta sede judicial. Lamento que podemos hacer extensible a otra de las sedes del partido judicial de Torrejón de Ardoz, la que alberga el Juzgado de Primera Instancia nº 3, donde en el año 2015 tuvo lugar otro incendio de similares características, durante el que tampoco se activó ningún sistema de alarma; sede en la que tampoco existe salida de emergencia y todas las ventanas tienen también rejas. Igualmente, queremos destacar que ya en la memoria del Tribunal Superior de Justicia del año 2014 se hizo hincapié en la lamentable y peligro­sa situación que mantenía el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Torrejón de Ardoz, ubicado en la última planta de la sede de la Avenida de las Fronteras, con unas deficientes medidas de seguridad y un único acce­so a través de una estrecha escalera y sin salida de emergencia. Las personas con minusvalía que necesitan ir en sillas de rueda no pueden acceder al Juzgado si no son subidas «a peso» y lo mismo ocurre con las que quieren acceder a los Juzgados de 1ª Instancia nº 1 y 2 y los de Instrucción nº 2 y 4 localizados en las plantas primera y segunda del edificio, porque el ascensor que posibilita el acceso a estas plantas no permite la entrada de una silla de ruedas. Tras la visita girada a esa sede el 3 de junio de 2015 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, se apreciaron nueve infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales.

La dispersión de sedes es uno de los males que día a día complican nuestro trabajo y envilecen cualquier intento de eficacia y eficiencia en la Administración de Justicia. Mal endémico que compartimos con la inadecuación de las sedes para el uso judicial y el déficit de higiene, limpieza y seguridad; a lo que hay que añadir la falta de espacio y la ausencia de salas de espera para quienes se ven en la necesidad de comparecer ante los juzgados, lo que se agra­va en la jurisdicción penal al convivir en el mismo espacio víctimas y denunciados; contrariando la previsión del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Víctima que establece que las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación, estarán dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el sospechoso de la infracción o acusado, de otra. Y el artículo 25 de la misma ley que prevé esa evitación del contacto visual como una medida de protección de la víctima.

Esta situación se produce en Madrid capital, donde la agrupación de edificios judiciales es en la actualidad un proyecto incierto, tras interponer el ejecutivo regional recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 13 de enero de 2016 que declara nula la orden 2430/15 de 17 de noviembre de 2015 de dictada por el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que desiste del procedimiento de adjudicación correspondiente al contrato de concesión de obras públicas de ejecución de la Ciudad de la Justicia de Madrid. En Madrid capital debe recordarse el incendio en el edificio judicial de la calle Princesa en abril de 2014 que motivó la actuación de la Inspección de Trabajo frente a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la CAM (informe OS:28/0027379/14 de 8 de octubre de 2014). Pero hemos de destacar que esta problemática no es exclusiva de Madrid capital, sino que como los hechos reflejan, ocurre también en los partidos judiciales de la periferia de la Comunidad Madrid (20 partidos judiciales integrados por 178 juzgados, distribuidos en un total de 38 sedes)

Por todo ello, con independencia del resultado de las actuaciones que se lleven a cabo por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, exigimos a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid que de forma inmediata realicen las labores necesarias para garantizar que el funcionamiento del edificio judicial no suponga un riesgo, claramente previsible y que ha podido constatarse, para quienes trabajan en el mismo y el público que accede diariamente. Y que esta actuación se realice con la urgencia que las circunstancias requieren. 

Igualmente queremos mostrar nuestro total apoyo a la Magistrada Decana de Torrejón de Ardoz y a las medidas que pueda tener que adoptar, incluida la clausura de la sede afectada por el incendio. Y deseamos informar a la opinión pública que una medida como esa, que puede generar un grave perjuicio para la ciudadanía, es por completo ajena a la función jurisdiccional. Que el estado de las infraestructuras judiciales no depende del Poder Judicial sino que es una responsabilidad y obligación del Gobierno Regional.

Por último, aprovechamos para pedir a la Presidenta de la Comunidad, doña Cristina Cifuentes, que nos dé respuesta a la reunión solicitada desde diciembre de 2016 conjuntamente por todas las asociaciones judiciales y que hasta hoy sigue sin contestación, con el fin de hacerle llegar personalmente los problemas que día a día afrontamos debido a la escasez de medios. 

Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
Jueces para la Democracia
Foro Judicial Independiente

miércoles, 21 de diciembre de 2016

JpD ante la Sentencia del TJUE sobre claúsulas suelos

En el día de hoy se ha publicado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016, dictada en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, a instancias de las respectivas cuestiones prejudiciales del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante. 


El objeto de las cuestiones era enjuiciar la compatibilidad al Derecho de la Unión, en concreto de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores/as, 
de la solución que el Tribunal Supremo había dado a la práctica bancaria de introducir en los contratos de préstamo hipotecario la conocida por el público como “cláusula suelo”. Con su aplicación, las entidades bancarias evitaban la variabilidad de los tipos de interés a la baja, de forma que si los tipos oficiales caían, como así ha sucedido desde el inicio de la crisis económica en el año 2007, a niveles cercanos a 0, las entidades bancarias se aseguraban la aplicación de un tipo fijo al 3 ó 4 %. 

La Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, dictada en un procedimiento de acciones colectivas de nulidad (interpuestas por Asociaciones de Consumidores), había declarado nulas dichas cláusulas por abusivas, en concreto, por falta de transparencia e información en la contratación de estos productos bancarios con las cláusulas en cuestión. No obstante, añadía una solución polémica en cuanto al efecto retroactivo de la declaración de nulidad. Las entidades bancarias no debían devolver las cantidades ya cobradas por aplicación de dicha cláusula hasta la fecha de dictado de dicha sentencia, a pesar de que la contratación de estos productos bancarios procedía de antes del año 2007, siendo conocido que el estallido de la “burbuja inmobiliaria” dio lugar a una fuerte caída en la producción inmobiliaria y la contratación hipotecaria. 

La justificación dada por el Tribunal Supremo, a pesar de lo dispuesto en el art. 1303 del Código Civil que prevé dicho efecto retroactivo en caso de nulidad contractual absoluta, fue que la retroactividad de la declaración de nulidad de las cláusulas en cuestión generaría el riesgo de trastornos económicos graves, en concreto en el mercado hipotecario y en la solvencia bancaria. La STS 139/2015, de 25 de marzo de 2015 asumió ese mismo criterio cuando fuera el particular por sí mismo quien ejercitarse la nulidad de la cláusula suelo. 

Por el contrario, la STJUE considera contraria a la Directiva comunitaria semejante criterio. Recuerda que el juez y la jueza nacional están vinculados por el Derecho Comunitario y el principio de no vinculación de las cláusulas abusivas, así como que, declarada la nulidad, los jueces nacionales no podemos modificar el contenido de la cláusula. En consecuencia, la declaración de no vinculación al consumidor/a supone tratarla como si nunca hubiera existido, que la norma nacional no puede modificar la amplitud de la protección de la Directiva y que sólo el Tribunal de Justicia de la UE es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse las normas comunitarias. 

Jueces para la Democracia se congratula que esta Sentencia del Tribunal de Luxemburgo haya hecho prevalecer el principio de legalidad y de primacía del Derecho comunitario frente a criterios restrictivos en perjuicio de los consumidores, que ni autorizaba la Directiva ni el Texto Refundido nacional 1/2007 de protección de consumidores/as y usuarios/as. Consideramos que es un acierto que los principios consolidados sobre nulidad y desvinculación prevalezcan sobre interpretaciones de parte, las entidades bancarias, que, al albur de pretendidos perjuicios a la economía general y a la estabilidad del sistema financiero, pretendían hurtar a los consumidores la protección legal, máxime cuando nuestra Constitución ya recogía, desde el año 1978, en su artículo 51, una garantía amplia de defensa de los consumidores y usuarios y sus legítimos intereses. 

EL SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

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Feliz 2017