martes, 27 de septiembre de 2016

I Congreso Internacional sobre avances tecnológicos en la investigación del delito

17 y 18 de octubre 2016 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 
C/ Serrano, 26 , 4ª planta. Madrid

Organizadores:
Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación de la UC3M (IAMJL), Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Jueces para la Democracia (JpD), Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), la Unión Progresista de Fiscales (UpF), la Unión Española de Abogados Penalistas (UEAP) y la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)

viernes, 23 de septiembre de 2016

Comparecencia del Portavoz de JpD, Ignacio González Vega en la Asamblea de Extremadura en calidad de experto sobre el TTPI

Comparecencia de Ignacio Gonzalez Vega, Portavoz de Jueces para la Democracia ante la Comisión No Permanente de Estudio de la Asamblea de Extremadura sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.


Comunicado de adhesión y apoyo al Proyecto de Ley Integral de Protección para el denunciante de corrupción auspiciado por la Plataforma x la Honestidad

En los últimos años la sociedad española asiste con preocupación a un aumento de casos de delitos de los denominados de “corrupción política”. Se trata de supuestos en los que, más allá del cumplimiento por los funcionarios y el personal al servicio de las Administraciones Públicas a los fines que la justifican, utilizan dicha posición en su favor para enriquecerse, obtener un lucro propio o ajeno o cualquier ventaja económica o moral.

Jueces para la Democracia rechaza y combate estos comportamientos inicuos y exige el cumplimiento de la ley para atajar esas conductas que amenazan el correcto ejercicio de las funciones administrativas y socava las bases de la convivencia en una sociedad democrática. Reclamamos, además, que tales conductas, ampliamente definidas como delito por el Código Penal, sean severamente castigadas por defraudar las expectativas que el pueblo soberano ha puesto en sus gobernantes y administradores.

Constatamos, no obstante, que en el enjuiciamiento, persecución y sanción de estas conductas queda comprometido el honor y prestigio de los partidos políticos y de los funcionarios investigados y acusados. El acto de corrupción no suele limitarse al acto de favorecimiento, enriquecimiento o ventaja, sino que, una vez producido, la actitud corrupta o clientelar exige de los posibles testigos o denunciantes colaboración con su silencio o con su mentira. Es una de las muchas razones de la dificultad en la persecución de estos delitos.

Jueces para la Democracia alienta a la ciudadanía a denunciar estos comportamientos inadmisibles, a la vez que reclama del legislador medidas legislativas concretas que protejan a las víctimas, denunciantes y testigos contra cualquier acto de acoso, “mobbing”, difamación, injurias, calumnias o cualquier medio tendente a la presión del denunciante y a desincentivar la denuncia o testimonio, como la estigmatización, aislamiento, precariedad económica o afección psicológica.

A estos fines, no bastan las previsiones establecidas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Más allá de las dificultades de su aplicación a que ha dado lugar la práctica, las medidas previstas en dicha ley, como el anonimato del testigo o denunciante, es inútil cuando desde un primer momento es fácil localizarlo, dado que se el delito se produce en ámbito muy reducido de colaboración, y en la persecución de esos delitos no interviene inicialmente la fuerza pública, sino que es el mismo funcionario quien delata y pone de manifiesto estas actitudes y comportamientos de oprobio. Las dificultades en el trabajo, el acoso moral y personal y el descrédito de la persona denunciante pueden llegar a situaciones de compromiso personal y moral para él, sus allegados y familiares, a los que la ley deja desasistidos.

Por estas razones, Jueces para la Democracia se adhiere a la Propuesta de Anteproyecto de Ley de protección al denunciante de corrupción en las instituciones públicas, que desarrolla como iniciativa la “Plataforma x La Honestidad”, http://plataformaxlahonestidad.es/anteproyecto-ley.

Nos adherimos, por tanto a los principios que se proponen, y que deben inspirar la futura legislación, cuales son los de tolerancia cero con los actos de corrupción política en las instituciones públicas, protección de la víctima, denunciante o testigo contra el acoso laboral, respeto a su dignidad personal, confidencialidad y celeridad. Llamamos a la responsabilidad de los partidos políticos para respetar y hacer respetar dichos principios aunque no vea la luz dicha regulación, así como a implicarse en denunciar estos comportamientos inadmisibles que se produzcan en sus filas, como a favorecer la protección de los denunciantes de irregularidades en la Administración Pública.

El denunciante de actos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública tendrá derecho al mantenimiento de un puesto de trabajo en un puesto alternativo pero de igual nivel retributivo al que ostentara en cualquier administración, a la asistencia jurídica gratuita, al apoyo de la Administración Pública interesada, y a la asistencia psicológica y médica, garantizando, en la medida de lo posible, su anonimato y confidencialidad. A tal fin, se creará un organismo independiente, el Observatorio contra la Corrupción en las Instituciones Públicas, que mantendrá en lo posible la confidencialidad del denunciante y prestará asistencia a víctimas, denunciantes y testigos. 

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Comunicado JpD Valencia sobre apertura del año judicial

Ante la celebración del acto solemne de apertura del año judicial en el ámbito valenciano, desde Jueces para la Democracia (JpD) entendemos que resulta adecuado efectuar un análisis sobre la situación de nuestra administración de justicia. Y resulta necesario partir de las notables insuficiencias que continúan afectando a nuestro sistema judicial y que están provocando un descontento visible en la ciudadanía, como se refleja en los estudios de opinión.

En la actualidad, gran parte de los órganos judiciales valencianos están trabajando con una carga superior al 200% de la entrada de asuntos prevista por el CGPJ, según indican sus propios informes. El resultado de esta sobrecarga es una importante demora en la resolución de los asuntos, lo cual afecta muy negativamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a las expectativas de ciudadanos y ciudadanas a que sus litigios se resuelvan en plazos razonables. 

A pesar de estas insuficiencias estructurales y en un contexto de creciente litigiosidad, en los últimos cinco años no se ha creado ningún nuevo órgano judicial, lo cual no tiene precedentes en las últimas décadas. Y ello a pesar de que en su momento se acordó la creación de 15 nuevos juzgados, que nunca llegaron a ponerse en funcionamiento. De hecho, un informe del CGPJ de 2011 ya señalaba que la Comunidad Valenciana necesitaba al menos 63 nuevos juzgados. La Comunidad Valenciana tiene los índices de litigiosidad más elevados de España, sin que ello haya provocado medidas específicas que solucionen estas alarmantes situaciones de sobrecarga.

Esta falta de respuesta institucional contrasta con unas necesidades reales que muestran con claridad la situación a la que se enfrentan los órganos jurisdiccionales valencianos: en el ámbito civil se está haciendo frente a una verdadera avalancha de procedimientos por temas bancarios, como preferentes, cláusulas suelo y todo tipo de cláusulas abusivas; en la jurisdicción penal, en el ámbito valenciano estamos a la cabeza del país en procedimientos complejos y macrocausas por corrupción; en el orden contencioso-administrativo un número insuficiente de magistrados y magistradas han de hacer frente a más de 18.000 asuntos al año; y la jurisdicción social se encuentra desbordada ante el incremento de asuntos derivados de la crisis económica, los despidos y los reajustes laborales, con señalamientos a muy largo plazo, ante la imposibilidad de hacer frente en plazos más cortos al volumen de trabajo. En el mismo sentido, los juzgados mixtos de las distintas comarcas valencianas están de forma sistemática por debajo del número de juzgados con el que debían contar.

En particular, debemos remarcar que compartimos la preocupación de la sociedad valenciana por la enorme cantidad de investigaciones judiciales por casos de corrupción. La actuación de las tramas corruptas es una verdadera amenaza para las instituciones y para el Estado de Derecho. Nuestros órganos judiciales necesitan de más peritos especializados, expertos en delincuencia financiera y agentes policiales dedicados a esta problemática, porque están en juego valores esenciales de nuestra democracia.

Por otro lado, la carencia de medios materiales continúa siendo especialmente preocupante, con algunas excepciones. Numerosos edificios judiciales no cuentan con las suficientes condiciones de salubridad, ni cumplen correctamente las normas de seguridad y salud laboral, especialmente en los pueblos. Y una muestra clara de estas insuficiencias es la precaria situación del Tribunal Superior de Justicia, el edificio judicial más emblemático de la Comunidad Valenciana, que todavía tiene pendiente su rehabilitación prometida desde hace muchos años. Además, las plantillas de personal se han reducido en los últimos años y por ello resultan insuficientes para hacer frente a un creciente número de asuntos. Consideramos que debe agilizarse el proceso de digitalización, para que en algún momento pueda alcanzarse la desaparición del papel en los órganos judiciales, pero para ello hay que contar con los instrumentos tecnológicos adecuados.

En consecuencia, hacemos un llamamiento a la administración autonómica y al gobierno central, para que incrementen de forma sensible los presupuestos en materia de justicia. Debemos recordar que el Estado de Derecho se basa especialmente en la existencia de órganos judiciales que tutelen los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y ello solo puede llevarse a cabo con unos instrumentos esenciales que hagan posible el ejercicio de las funciones del poder judicial.

SECCIÓN TERRITORIAL VALENCIANA DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA