viernes, 26 de mayo de 2017

JpD sobre la asignación forzosa de la promoción 67º a los Juzgados especializados en cláusulas suelo

Desde Jueces para la Democracia queremos poner de manifiesto nuestra disconformidad con el Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de mayo de 2017 por el cual se destina forzosamente a compañeros/as de la Promoción 67 a los recién creados Juzgados especializados en cláusulas suelo que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de junio.

En primer lugar, los jueces y juezas de esta Promoción se encuentran aún en el llamado período de “sustitución y refuerzo”, que es previo a su ingreso en la Carrera Judicial y durante el cual son nombrados jueces sustitutos, con la característica especial de que su dedicación y rendimiento será objeto de un informe elaborado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, para su posterior valoración por la Escuela Judicial.

Como hemos defendido en muchas ocasiones, consideramos que esta fase de “sustitución y refuerzo” atenta contra el principio básico de la independencia judicial, pues las resoluciones judiciales y la actuación del juez/a en el ejercicio de su función jurisdiccional no pueden ser en ningún caso valoradas por un superior gubernativo.

Pero es que en el caso de la Promoción 67 la situación es mucho más preocupante. La adscripción forzosa de los sesenta y cinco compañeros/as integrantes de la misma a los Juzgados especializados en cláusulas suelo puede frustrar las expectativas de quienes, por vocación de servicio público, han empleado años de su vida en formarse como técnicos en Derecho. 

Las cuestiones jurídicas que plantean las cláusulas suelo han sido ya resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera que estos compañeros/as realizarán un trabajo repetitivo con la única finalidad de descargar de asuntos a los Juzgados de Primera Instancia.

La justificación que ha dado el Consejo General del Poder Judicial para adoptar esta decisión radica en que los jueces y juezas en prácticas de la Promoción 67 han recibido una formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta, pero no sólo no es cierto, sino que, a sabiendas, están condenando a los compañeros/as de esta Promoción al anquilosamiento jurídico, utilizándoles como una mera herramienta para dictar resoluciones rápidas que permitan disminuir los números en la estadística de los Juzgados.

EL SECRETARIADO

Entrevista a Ignacio González Vega, portavoz de JpD en Hora de 25 cadena SER

Entrevista a Ignacio González Vega, portavoz de JpD: “La elección de Espejel es un mensaje demoledor a la carrera judicial”, en Hora de 25 cadena SER

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viernes, 19 de mayo de 2017

JpD sobre las injerencias políticas en el Poder Judicial

El Centro de Investigaciones Sociológicas destaca que, a la hora de identificar los tres principales problemas que existen actualmente en España, la ciudadanía señala de forma repetida e invariable en los últimos años, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica.

Por su parte, la Comisión Europea acaba de publicar su informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la UE. España figura como el tercer Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente. Hasta un 58% de los españoles la consideran como "mala" (39%) o "muy mala" (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países están peor: Bulgaria y Eslovaquia. Según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

El cuarto ciclo de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción de la Unión Europea (GRECO) del pasado mes de julio de 2016 recuerda que el 75 % de los jueces y juezas considera que el Consejo General del Poder Judicial no protege suficientemente el principio de independencia judicial, y que las autoridades políticas no deben intervenir en un ningún estadio de designación de la magistratura ni de la fiscalía.

No son datos desconectados con la realidad. Son innumerables los casos de corrupción de los que se han hecho especial eco los medios de comunicación social lo que ha influido intensamente en la percepción ciudadana, generando en la sociedad española un estado general de indignación. A raíz de investigaciones en curso son constantes las noticias donde aparecen los representantes del poder político maniobrando para que se designe o aparte a un juez o a un determinado fiscal de investigar delitos de corrupción política, o nombramientos en puestos claves de la Fiscalía que parecen no responder a los principios de mérito y capacidad sino a la mayor conexión y apego al poder político.

Junto a ello, las inopinadas declaraciones del Ministro de Justicia, Sr. Català, tomando partido en procesos penales en curso o calificando de “anomalías” procesos de decisión de la Fiscalía, perfectamente reglados y regulados por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Poniendo de manifiesto, una vez más, su férrea concepción jerarquizada y dependiente del Ministerio público.

Estas injerencias, no conviene olvidarlo, socavan la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia y lastran la credibilidad de actividad diaria de jueces y fiscales en la persecución de los delitos.

Ante las inaceptables interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales, ha de ser criticada la inacción y el silencio del Consejo General del Poder Judicial, máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces.

Junto a esas presiones e injerencias resulta obligado asimismo denunciar la falta de medios personales y materiales en nuestra Administración de Justicia para combatir la corrupción. A la reiteradas veces denunciada falta de jueces y fiscales, llamar la atención sobre las recientes declaraciones de un jefe de la UCO quien aseguró en una entrevista a un medio de comunicación que se veían obligados a rechazar casos por falta de medios.

En tales condiciones, Jueces para la Democracia reafirma una vez más su compromiso por la independencia Judicial y su respeto por la labor diaria, discreta y dejándose en muchos casos la salud por la acumulación de trabajo de jueces y fiscales en la lucha contra la criminalidad, incluida esa lacra que es la corrupción política.

Resulta imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente y una fiscalía dotada de una autonomía funcional y sin dependencias externas que les haga inmunes a las injerencias y presiones del Gobierno o de los partidos políticos. Reivindicamos por ello algo más que explicaciones de los responsables ministeriales, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado sobre estas injerencias en el trabajo de la Judicatura y la Fiscalía.

EL SECRETARIADO DE JUECES DE LA DEMOCRACIA

martes, 16 de mayo de 2017

Comunicado CIC Catalunya rendimiento jueces







En Barcelona, a 15 de mayo de 2017

Ante las noticias publicadas por los medios de comunicación, conforme a las cuales la Secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia Sra. Patricia Gomà habría detectado una reducción del ritmo de trabajo de los Jueces catalanes, las cuatro asociaciones judiciales, Foro Judicial Independiente, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura, quieren manifestar lo siguiente:

Primero.- No es cierto que los jueces hayamos bajado nuestro ritmo de trabajo durante los últimos años, sino que lo hemos mantenido en condiciones muy precarias, tanto de medios materiales como personales, de cuya dotación responde la Generalitat de Catalunya.

A modo de ejemplo, según los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2016 ingresaron en los Juzgados y Tribunales de Cataluña un total de 284.687 asuntos, frente a los 266.798 asuntos ingresados en el año 2015. A pesar del aumento de asuntos ingresados, ha sido mayor el número de asuntos resueltos en el año 2016, 277.564, frente a los 275.753 resueltos en el año inmediatamente anterior.

Si estas carencias no han afectado al ritmo de resolución que se ha conseguido mantener, ha sido debido al esfuerzo y responsabilidad de los funcionarios de la Administración de Justicia, de los Letrados Judiciales, de los Fiscales y de los Jueces. En cualquier caso, cuando la Generalitat de Catalunya no tiene atribuida competencia alguna de fiscalización o seguimiento del desempeño profesional de los Jueces, tales afirmaciones no solo son gratuitas, sino también infundadas. En definitiva son una nueva muestra del patente desconocimiento de la Sra. Gomà de las condiciones reales en las que los Jueces desempeñamos nuestra labor en Catalunya.

Segundo.- Sus declaraciones también son desleales, puesto que la primera noticia que hemos tenido de esa valoración por su parte ha sido por los medios de comunicación, a pesar de que el pasado día 4 de mayo se reunió con representantes de nuestra asociación profesional para presentar  el “Equip d'Avaluació i Millora Contínua” y el proyecto “Visió Justícia”.

Tercero.- De este modo, consideramos que las declaraciones son equivocadas y tendenciosas, dirigidas a desacreditar a los jueces ante la sociedad catalana y a imputarles la responsabilidad del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia en Catalunya. Consideramos que la Sra. Goma debería tratar  explicar las dificultades que su Departamento tiene para proveer con personal formado las vacantes de funcionarios que se producen en los Juzgados, el tiempo que tardan en proveer dichas vacantes, los motivos por los cuales no se ha acudido a la oferta de empleo Estatal para cubrir dichas vacantes, los recortes de plantillas que se han acometido en Juzgados y Tribunales o las enormes dificultades presupuestarias para implantar la nueva oficina judicial y sistemas informáticos de gestión procesal. Es decir, debería de centrarse en el análisis de su propia gestión y dejar de excusar su propia responsabilidad con la de otros.