miércoles, 3 de agosto de 2016

Comunicado Rosa Freire

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Mediante Auto del pasado día 26 de julio de 2016 en las Diligencias Previas 5563/2013 del Juzgado de Instrucción n.º 32 de Madrid, cuya titular es Dª Rosa María Freire Pérez, se declaró conclusa la fase de instrucción y se abría la fase de procedimiento abreviado, entre otros, contra el Partido Popular, por la presunta comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento. Los hechos relatados en el auto consisten en la entrega, a requerimiento de judicial, por el Partido Popular, de dos discos duros obrantes en su sede manipulados o destruidos.

Corresponde a la jueza de instrucción dictar esta resolución con plena independencia y sometimiento al Ordenamiento Jurídico. Contra estos hechos y su apariencia delictiva pueden las personas físicas y jurídicas aun investigadas, en su caso, ejercitar su derecho de defensa. Aún no se encuentran acusadas puesto que no se han formulado, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los escritos de acusación por el Ministerio Fiscal y demás partes acusadoras. 

Desde el primer momento en que se hizo pública la citada resolución, desde Jueces para la Democracia hemos asistido con preocupación a una serie de declaraciones irresponsables de algunos dirigentes políticos. Más allá de la imprescindible crítica a las resoluciones judiciales en una sociedad democrática, tales declaraciones contenían ataques personales a la magistrada, incluyendo veladas referencias machistas. También son reprochables las declaraciones del Ministro de Justicia poco respetuosas con el trabajo de los jueces/zas, tratando de influir como representante de otro poder del estado en los pronunciamientos judiciales. Dicha crítica, por innecesaria e injusta, no tiene por finalidad más que socavar la confianza de la ciudadanía en los tribunales de justicia y poner en entredicho la imparcialidad e independencia de la magistrada.

Por ello, desde Jueces para la Democracia rechazamos rotundamente estas injerencias a la labor de magistrada así como las descalificaciones hacia su persona, al margen de la crítica razonada y razonable a sus resoluciones judiciales, y exigimos del Consejo General del Poder Judicial un claro y expreso pronunciamiento en defensa de la independencia de la jueza con rechazo absoluto a este tipo de declaraciones.



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martes, 2 de agosto de 2016

Comunicado conjunto Tasas Judiciales





COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LAS TASAS JUDICIALES

Recientemente, se ha hecho pública la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de inconstitucionalidad no 973-2013, interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El Tribunal Constitucional anula el art. 7.1 de la Ley en lo relativo a personas jurídicas; en concreto las siguientes tasas: la de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario; la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil; la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso- administrativo; así como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social. Igualmente, declara la nulidad de la cuota variable para las personas jurídicas, recogida en el art. 7.2 de la Ley recurrida.

Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, Unión Progresista de Fiscales y Unión Progresista de Secretarios Judiciales compartimos los argumentos del Alto Tribunal cuando recuerda que en un Estado social y democrático de Derecho que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (art. 1.1 CE), el pago de un tributo no puede obstaculizar el ejercicio de los derechos. Y es que el pago de tasas judiciales puede generar campos de impunidad, en especial frente a la Administración Pública, impidiendo o limitando el ejercicio de la tutela judicial efectiva de la mayoría de la población.

Lamentamos, no obstante, que el Tribunal, en primer lugar, no haya querido pronunciarse sobre el mayor grueso del recurso de inconstitucionalidad, los arts. 2, 5, 6 y 11 de la Ley 10/2012, bajo el argumento de falta de justificación de la demanda. Esta visión excesivamente dependiente de la demanda de inconstitucionalidad no responde a la configuración que le dio el constituyente español al Alto Tribunal, como tampoco a cualquier tribunal ordinario, que tiene la facultad de resolver conforme a Derecho con independencia del acierto del escrito iniciador del proceso [art. 218 de la LEC, aplicable al proceso ante el TC (art. 80 LOTC)].

También se ha negado el Tribunal a examinar el art. 3.1 de la Ley bajo el argumento de pérdida de sobrevenida de objeto tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2013. Por el mismo motivo, se ha negado a anular el art. 7.2 de la Ley en lo relativo a las personas físicas. Sobre este aspecto, el Tribunal remite a los sucesivos recursos de amparo que hayan presentado personas físicas. Consideramos que el Tribunal Constitucional es rehén de su propia doctrina restrictiva en la lectura en positivo del recurso de inconstitucionalidad y sus relaciones con el recurso de amparo, puesto que deja el enjuiciamiento de constitucionalidad de las normas al esfuerzo que desarrolle el particular persona física por recurrir la aplicación de la ley. Consideramos que el recurso de inconstitucionalidad, con la legitimación restrictiva establecida en la Constitución (art. 162), es el mejor instrumento de enjuiciamiento de la validez constitucional de la ley, con plenos efectos frente a todos (art. 164). Dejar la validez constitucional de una Ley al esfuerzo personal y económico de cada persona física con la denuncia constitucional del pago de su tasa, es inadecuado, antieconómico y desproporcionado, recordando que las sentencias dictadas en procesos de amparo, al contrario que los de inconstitucionalidad, no tienen efectos contra todos.

Las asociaciones firmantes proponemos recuperar el sistema de la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales. El ciudadano persona física y la pequeña y mediana empresa ya contribuyen a la financiación del sistema judicial vía impuestos al igual que en otros servicios públicos como la sanidad o la educación. Cualquier pago adicional va en perjuicio a sus derechos y contra el principio de gratuidad establecido en el art. 119 CE. Son las grandes empresas y grandes fortunas las que abusan y colapsan el sistema, y, en cambio, no son los principales contribuyentes, contra el principio de capacidad económica establecido en el art. 31 CE. Por estas razones, desde un principio nos opusimos al sistema de tasas paritarias por cuantía ya establecido por el art. 35 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Aún más, nos oponemos a la Ley 10/2012 y sus sucesivas reformas, que continúa con ese sistema y lo reduplica con cuantías exorbitantes bajo los principios de paridad, nula progresividad y gravamen excesivo.

En concreto, y por lo que se refiere a las personas jurídicas, basta con recordar los argumentos del Tribunal Constitucional al respecto en esta Sentencia. Pese a la evidencia de que la mayor parte de las personas jurídicas no tienen una capacidad económica presunta siquiera aproximada, la Ley 10/2012 no solamente no ha impuesto unas cuantías inferiores, sino que la tasa fija en el caso de los recursos ha aumentado en un 166,66 por 100 tratándose de la apelación, que ha pasado de los 300 a los 800 euros; y en un 100 por 100 los de casación -en cualquiera de sus modalidades- y extraordinario por infracción procesal, al pasar de 600 a 1.200 euros; aparte de gravar ex novo los recursos devolutivos del proceso laboral, en cuantías también altas: suplicación (500 euros) y casación (750 euros).

Finalmente, no podemos pasar por alto una nueva llamada al efecto desaliento que hace y asume para sí el Tribunal Constitucional. Según precisa, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos limitados, puesto que no preserva la situación de cosa juzgada, ni, sobre todo, tiene efectos pro futuro, todo bajo la apelación al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Con este argumento, concede el Tribunal un respiro al gobierno en funciones y al presupuesto público, puesto que le evita devolver las cantidades ya recaudadas. Y por el contrario no palía los perniciosos efectos causados a losjusticiables durante estos años. Éstos, o bien no han podido ejercitar sus derechos o han tenido que hacer un considerable esfuerzo. En esta situación, o se modifica al LOTC para admitir el control previo de inconstitucionalidad, o deberá el Tribunal Constitucional reclamar toda su competencia para restaurar el daño ocasionado por una norma inconstitucional. De lo contrario el sistema de garantías constitucionales, no sólo queda descuadrado, sino que, además, queda dañado en su contenido.

En cualquier caso, recordar que, sólo en el primer año de vigencia, el Estado, único recaudador de la tasa judicial pese a no ser la única administración pública implicada en la prestación del servicio público de la justicia, ingresó, y no tendrá que devolver, 306.091.358,50. Exigimos del actual gobierno en funciones que explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones del destino que ha dado a estas recaudaciones inconstitucionales. Máxime cuando el entonces ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, se comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita con el dinero procedente de la recaudación de las tasas.

2 de agosto de 2016 

martes, 26 de julio de 2016

Declaraciones del Portavoz de JpD en RNE 24 horas sobre la situación de los jueces y fiscales turcos

El embajador de Turquía ha recibido esta mañana a los representantes de JpD y UpF en la sede de la Embajada. 

Ignacio González Vega, portavoz de JpD, y Carlos García-Berro, miembro del Secretariado de la UpF, han entregado en mano al representante del Gobierno turco, D. Ömer Önhon, sendas cartas en las que solicitan la inmediata liberación de los jueces y fiscales detenidos así como reponer en sus cargos a aquellos que han sido suspendidos de sus funciones a consecuencia del intento de golpe de estado ocurrido en la madrugada del pasado día 16 de julio.




JpD se adhiere al Manifiesto en defensa de los Derechos Humanos en Turquía

JUECES PARA LA DEMOCRACIA se adhiere al Manifiesto elaborado por iniciativa de Ignazio Patrone - magistrado de la Corte di Cassazione italiana y miembro del Expert Group on European Criminal Policy con la finalidad de hacer un frente común en defensa de la libertad y la democracia.

MANIFIESTO:

El Gobierno turco, después de humillar y encarcelar a periodistas, docentes de universidad y abogados, arremete primero contra magistrados y después contra funcionarios y policías, aniquilando así la conciencia crítica del país.

Listas negras, evidentemente preparadas desde hace tiempo, son usadas para realizar eliminaciones y detenciones en masa, con desprecio total de las reglas mínimas del Estado de Derecho, de la dignidad de las personas y de los Derechos Fundamentales a los que Turquía debe respeto en virtud de su pertenencia al Consejo Europeo, a la Convención Europea por la salvaguarda de los Derechos del Hombre, de la que dicho País figura entre los primeros firmantes, y de su misma Constitución.

Actualmente el Gobierno turco amenaza incluso con volver a introducir la pena de muerte "por voluntad popular". Los docentes, los abogados y los magistrados que suscriben esta apelación, unidos por el sentido común de pertenencia a una comunidad de Derecho que ha fundado sus valores primarios y sus más profundas raíces en la Convención Europea y en el respeto a los Derechos Humanos, se dirigen a las Instituciones, europeas e italianas, para que recurran sin demora a cada uno de los instrumentos jurídicos y políticos posibles, necesarios para bloquear las violaciones y para devolver la libertad a los que el único error que han cometido es haber defendido los valores democráticos. Se ruega a la opinión pública mantener viva la atención sobre una gran nación cuya democracia laica está en grave peligro.

viernes, 22 de julio de 2016

Declaraciones del Portavoz de JpD, Ignacio González Vega sobre las víctimas enterradas en fosas comunes aun sin identificar

Portavoz de JpD, Ignacio Gonzalez Vega en el programa "España: exigen justicia para las víctimas del franquismo" en TeleSur

España es el segundo país del mundo con más personas desaparecidas, y tras el 80 aniversario del golpe de Estado de Francisco Franco, se sabe que hay 114 mil víctimas enterradas en fosas comunes sin haber sido identificadas. Familiares de las víctimas exigen justicia para los desaparecidos y, en este sentido el gobierno español está obligado a investigar, debido a la ratificación de un convenio con la ONU en materia de desaparición forzada. teleSUR

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