miércoles, 26 de noviembre de 2014

Acción ante la ONU sobre Independencia Judicial









A LA RELATORA ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS

Estimada Sra. Knaul,

Las organizaciones firmantes[i] nos ponemos en contacto con usted para poner en su conocimiento la difícil situación que está atravesando la independencia judicial en España. La Relatora ha puesto de manifiesto que “el Estado de Derecho, la democracia, el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial, así como la independencia e imparcialidad de los magistrados y los jueces, están interconectados”[ii]. Diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes y ello tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho. Estas actuaciones pretenden limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional inherentes al poder judicial, en un contexto marcado especialmente por los numerosos casos de corrupción que se están investigando así como por importantes restricciones a los derechos fundamentales[iii] y por recortes a los presupuestos de justicia.

E En 2013 se reformó el Consejo General del Poder Judicial mediante la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio.[iv] La norma fue promulgada a propuesta del Gobierno y fue aprobada exclusivamente por la fuerza política que lo apoya, el Grupo Parlamentario Popular, con la oposición de todos los demás partidos representados en el Parlamento español.[v] Dicha reforma contó con la oposición de todas las asociaciones judiciales, que presentaron informes desfavorables a la misma.[vi] Posteriormente los integrantes de este órgano fueron nombrados por el Parlamento a través de un pacto de cuotas entre los principales partidos políticos.[vii]  El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que debe velar por la independencia judicial y el que gestiona aspectos tan sensibles para la misma como el régimen disciplinario y los ascensos profesionales. Con esta vinculación tan evidente al poder político, el Consejo General del Poder Judicial no puede garantizar la división de poderes. Más bien al contrario, su propia configuración (al estar compuesto por jueces y juristas elegidos íntegramente por los poderes políticos) supone un riesgo potencial para la independencia judicial.[viii]

Posteriormente, el Gobierno ha aprobado en fecha 4 de abril de 2014 un Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial[ix] en la que pretende modificar la estructura de la administración de justicia. Las tres asociaciones judiciales que suscriben esta carta presentaron informes críticos con esta reforma[x]. Algunas de las preocupaciones que plantea esta reforma son las siguientes. Se crearía una nueva ordenación territorial a través de órganos provinciales, a cuyo frente estaría un presidente concebido como cargo de confianza del órgano que lo ha designado, el Consejo General del Poder Judicial[xi] (el cual, como hemos indicado en el párrafo anterior, ha sido configurado a través de un reparto de cargos entre el poder político). El citado presidente tendría facultades jurisdiccionales. Y, en materia de corrupción, este presidente junto con otros presidentes de sección nombrados igualmente de forma discrecional por el Consejo General del Poder Judicial y por razones de confianza tendrían la potestad de modificar (de manera sobrevenida y libremente) la composición de los órganos judiciales cuando se encuentran realizando investigaciones penales por corrupción.[xii] Ello permitiría alterar el curso de dichas investigaciones, en función de criterios que, en última instancia, proceden del poder político, lo cual atentaría contra la independencia judicial.

Dicha reforma igualmente introduce prohibiciones a la libertad de expresión de los jueces y de sus asociaciones, restringiendo así su derecho a participar en la vida pública.[xiii] De conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, las limitaciones a la libertad de expresión tienen que estar justificadas y ser proporcionadas.[xiv] Limitar la capacidad de los jueces para opinar no fortalece ninguna institución del Estado. Se pretende restringir opiniones por el hecho de resultar molestas para ámbitos del poder político que buscan blindarse. Lo que se pretende es prevenir que los jueces puedan crear incomodidades en el ámbito público, pero en eso consiste la libertad de expresión.

Otro aspecto preocupante de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es que establece el carácter vinculante para los jueces de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que será de aplicación obligada, en los términos de los artículos 32 y siguientes del Anteproyecto. Ello resulta contrario al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español. Impedir que los magistrados puedan obrar según su propio criterio jurídico constituye una amenaza a la independencia del poder judicial.

Unido a todo lo anterior, desde el Gobierno no se asignan recursos suficientes a los órganos judiciales para investigar la corrupción. Y ello, a pesar de que la cuestión de la corrupción política es un grave problema y tanto jueces como fiscales han pedido más medios y recursos para poder investigar estos casos de manera efectiva y sin retrasos.[xv] Sin embargo, nuestro país se encuentra a la cola de Europa en el número de jueces por habitante y también en el gasto en Justicia sobre el Producto Interior Bruto (PIB).[xvi] Esta situación dificulta especialmente las investigaciones penales y habitualmente las retrasa hasta extremos desproporcionados. Determinados asuntos de gran relevancia pública, al afectar a conocidos cargos públicos, han tenido una instrucción que ha durado muchísimo tiempo.[xvii] Y en otros casos la falta de recursos impide una investigación adecuada.[xviii] El presupuesto para justicia se redujo en 2013 un 4,21% y 2,31% en 2014.[xix] Hace poco las asociaciones de jueces y de fiscales han emitido un comunicado conjunto de queja ante esta situación.[xx] Todo ello está provocando entre la ciudadanía el descrédito de las instituciones y una creciente sensación social de que el poder político puede actuar con impunidad. Difícilmente nuestros órganos judiciales pueden actuar con independencia para investigar los centenares de casos abiertos por corrupción si desde el poder político no se asignan los medios necesarios. En todos los estudios de opinión realizados por los organismos oficiales la corrupción es percibida por los ciudadanos como uno de los principales problemas del país, solo superado por la situación económica y el desempleo.[xxi]

Además, se producen habitualmente todo tipo de formas de presión contra los jueces que investigan de forma independiente la corrupción, a través de descalificaciones de políticos y de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación.[xxii] Las descalificaciones personalizadas de jueces por parte de los políticos pretenden que los magistrados modifiquen sus resoluciones y eso es un ataque a su independencia. Se pretende influir en los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico de forma incorrecta y esas conductas son ilegitimas, porque los magistrados actúan a través de criterios de legalidad y no de oportunidad. Estas presiones de cierta entidad se complementan con el hecho de que quienes están señalados negativamente desde el ámbito político saben que podrían potencialmente sufrir efectos disciplinarios o limitaciones en su promoción profesional por parte del Consejo General del Poder Judicial, a causa de sus referidas vinculaciones a intereses políticos.

Ante la gravedad de la situación provocada por todas estas acciones en su conjunto, las organizaciones firmantes hemos instado al Gobierno para que se adopten las medidas necesarias y que se respete el principio de separación de poderes propio del Estado de Derecho. Entre las medidas reclamadas se encuentra la modificación en la estructura del Consejo General del Poder Judicial, la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la asignación de más recursos al sistema judicial.

Por tanto, le pedimos respetuosamente que, en el ejercicio de su mandato, se dirija al Gobierno español a fin de que se retire el Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tome medidas para dotar de recursos suficientes a los jueces y tribunales españoles así como para asegurar que no se producen mermas o intromisiones del ejecutivo en la independencia judicial, recordándole cuales son sus obligaciones vinculantes de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo solicitamos a la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados que realice una visita oficial a España para analizar directamente las dificultades que está atravesando la Justicia independiente en nuestro país, habida cuenta de la gravedad que ha alcanzado la situación.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita información adicional o alguna clarificación.

Atentamente,

RIGHTS INTERNATIONAL SPAIN
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE





[i] Entre ellas, tres asociaciones judiciales, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, representan juntas a la mayoría de jueces y magistrados asociados en España.
[ii] Informe anual a la Asamblea General de la ONU, Doc. A/HRC/14/26, de 9 de abril de 2010.
[iii] Por ejemplo, ver la Campaña #SinJusticia de Rights International Spain http://rightsinternationalspain.org/es/campanias/1/sinjusticia
[v] “El PP reforma el Consejo General del Poder Judicial a su medida”, en El País http://politica.elpais.com/politica/2013/07/07/actualidad/1373215619_488372.html
[vi] Críticas a la reforma del Consejo General del Poder Judicial por parte de asociaciones judiciales, por ejemplo, se puede ver Magistrados impugnan en el Supremo la reforma del Poder Judicial de Gallardón” en El País,
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/31/actualidad/1391168471_227338.html, “Los jueces progresistas no participarán en la renovación del CGPJ”, El País, http://politica.elpais.com/politica/2013/05/24/actualidad/1369423397_146162.html . Informe de Jueces para la Democracia al Proyecto de reforma del CGPJ, disponible en  http://www.juecesdemocracia.es/pdf/INFORMEREFORMACGPJMarz13.pdf-
vii En concreto, ocho miembros fueron elegidos (vocales procedentes del turno de juristas) tras un acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios, y los doce restantes (turno de magistrados) fueron nombrados con un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE (partido mayoritario de la oposición). Ver asimismo, “PP y PSOE culminan el reparto político del CGPJ”, en El Mundo http://www.elmundo.es/espana/2013/11/25/52939a2a63fd3d71458b4573.html ; “Amplio pacto político para un Poder Judicial de mayoría conservadora”, El País http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384858159_881879.html ; “PP y PSOE vuelven a repartirse el CGPJ, incluyendo a CiU, PNV e IU”, El Diario, http://www.eldiario.es/politica/PP-PSOE-CGPJ-PNV-IU_0_198431169.html
[viii] Ver, “Tres asociaciones de jueces se rebelan contra la ‘reforma Gallardón’ del CGPJ, en El Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/01/espana/1372698290.html ; “Asociaciones de jueces y fiscales denuncian que Gallardón está “solo” en la reforma del CGPJ, en ABC http://www.abc.es/espana/20130509/abci-jueces-fiscales-gallardon-201305091250.html ; “Gallardón presenta la reforma del CGPJ que quita poder y autonomía al Consejo” en El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2012/12/21/gallardon-presenta-la-reforma-del-cgpj-que-quita-poder-y-autonomia-al-consejo-111636
[x] Informe de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria al Proyecto de reforma de la LOPJ, disponible en http://www.ajfv.es/uploads/documentos/documentos/INFORMES/informe_alopj_.pdf; Informe del Foro Judicial Independiente al Proyecto de reforma de la LOPJ, disponible en https://drive.google.com/file/d/0ByhMNmX0p_pGekNqNGFiNHpxUE0/view. Adjuntamos a esta carta el informe de Jueces para Democracia a la reforma de la LOPJ.
[xi] Según el artículo 344 del Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la provisión de la Presidencia de los tribunales se hace mediante solicitud de los interesados que reúnan los requisitos para asumir dicha función. La resolución de dichas solicitudes corresponde, según los artículos 349 y 350 del Anteproyecto, al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (o dicho de otro modo, por la mayoría de los vocales del Consejo).
[xii] Artículos 111, 112, 113, 118, 120 y 138 del Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[xiii] Artículos 49.2 y 53.1 del Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[xiv] Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, Doc. E/CN.4/1985/4 (1985). Asimismo, Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 34 que reemplaza la Observación General nº 10 en relación con el artículo 19 sobre Libertad de opinión, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Doc. CCPR/C/GC/34, de 12 de septiembre de 2011.
[xv] Ver, por ejemplo “Los jueces decanos de toda España piden refuerzos para investigar los casos de corrupción” en RTVE.es http://www.rtve.es/noticias/20130206/jueces-decanos-toda-espana-piden-refuerzos-para-investigar-casos-corrupcion/606835.shtml; “Torres-Dulce pide ´refuerzos´ ante los casos de corrupción” http://www.lne.es/espana/2013/02/13/torres-dulce-pide-refuerzos-casos-corrupcion/1368169.html
[xvi] El último informe de la Comisión para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa, con datos del año 2012, refleja que, si la media de lo que se destina de los presupuestos generales en Europa al sistema judicial es el 2,2%, en España se destina tan sólo el 0,9% del presupuesto (de 45 Estados, España se sitúa en el puesto 40º). Por otro lado, se destina por habitante al sistema de justicia (tribunales, justicia gratuita y fiscalía) la mitad que la media europea (32,4 euros frente a 60,6). El gasto en fiscalía por habitante es de tan sólo 4,6 euros frente a la media europea de 11.4 euros). En materia justicia gratuita, en España se destinan 0,80 euros por habitante, frente a los 8,63 euros que se destinan de media en Europa. http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
[xvii] En ocasiones más de diez años. Por ejemplo, “El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del ‘caso Fabra’, en El País http://elpais.com/diario/2009/01/04/cvalenciana/1231100282_850215.html; “Una década del caso Fabra” en El Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/01/castellon/1275404212.html; “El retraso en los macroprocesos”, en el País http://politica.elpais.com/politica/2014/08/27/actualidad/1409162647_242647.html ; “Cadenas critica que se alarguen las instrucciones”, en El Faro de Vigo http://www.farodevigo.es/galicia/2014/10/06/miguel-angel-cadenas-ve-problema/1107059.html
[xviii] Esta falta de recursos ha llevado a la presentación de una demanda por la sobrecarga de trabajo y la falta de medios que afectan a todos los Tribunales del Estado español. Ver, “Los jueces progresistas presentan una demanda por la falta de medios”, El País, http://politica.elpais.com/politica/2014/11/12/actualidad/1415827790_848143.html
[xxi] Ver, entre otros, el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas público español, de julio de 2014: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3020_3039/3033/es3033mar_HTML.html  

[xxii] Por ejemplo, “Las asociaciones de jueces salen en defensa de Ruz tras los ataques de Cardenal” en Libertad Digital http://www.libertaddigital.com/espana/2014-03-05/las-asociaciones-de-jueces-salen-en-defensa-de-ruz-tras-los-ataques-de-cardenal-1276512338/ ; “El PP acusa al juez Ruz y a las fiscales de 'Gürtel' de prevaricación” en Diario Público http://www.publico.es/455062/el-pp-acusa-al-juez-ruz-y-a-las-fiscales-de-gurtel-de-prevaricacion ; “El precio de hacer justicia”, en El País http://politica.elpais.com/politica/2013/03/01/actualidad/1362168012_862477.html; “El PP-A ‘asombrado y estupefacto’ ante los ‘ataques’ del PSOE a Alaya” en El Mundo http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/27/544e86e2ca474156028b458b.html ; “Ramón Sáez Valcarcel el juez ‘antisistema’ de la Audiencia Nacional”, en Libertad Digital http://www.libertaddigital.com/espana/2014-07-08/ramon-saez-valcarcel-el-juez-antisistema-de-la-audiencia-nacional-1276523318/ ; “JpD pide al PP que deje de descalificar a la jueza que falló a favor de los escraches” en Infolibre http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/06/jueces_para_democracia_pide_que_deje_descalificar_jueza_que_fallo_favor_los_escraches_13248_1012.html; “Políticos de todos los colores se revuelven contra los ataques del “pijo ácrata” Pedraz, en El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/05/politicos-de-todos-los-colores-se-revuelven-contra-los-ataques-del-ldquopijo-acratardquo-pedraz-106728 ; “’La Gaceta’ cuestiona la imparcialidad de Gómez Bermúdez por “enemistad manifiesta” contra el PP” en El Plural http://www.elplural.com/2013/03/13/la-gaceta-cuestion-la-imparcialidad-de-gomez-bermudez-por-su-enemistad-manifiesta-contra-el-pp/ ; “Los jueces exigen respeto al “servicio público” que presta Castro”, en el Diario de Sevilla http://www.diariodesevilla.es/article/espana/1495815/los/jueces/exigen/respeto/servicio/publico/presta/castro.html.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Jornada "La Ley de seguridad ciudadana, a debate"

Madrid, Jueves 4 de diciembre de 2014
Universidad Carlos III, Campus Puerta de Toledo

Moderadora: Sabela Oubiña Barbolla. Profesora Derecho Procesal

17:00 Análisis crítico del proyecto de ley
Intervienen:
Ignacio González Vega. Jueces para la Democracia
Víctor Moreno Catena. Catedrático Derecho Procesal
Patricia Goicoechea García. Rights International Spain
Carlos García Berro. Unión Progresista de Fiscales

18:30 Enfoque político de la seguridad ciudadana
Intervienen:
Gaspar Llamazares Trigo. Diputado  IU

Antonio Trevín Lombán, Diputado PSOE

Federico Cabello de Alba Hernández, Diputado PP

sábado, 22 de noviembre de 2014

Jornada "Retrocesos en la lucha contra la impunidad tras la reforma de la jurisdicción universal en España"


25 de noviembre 2014

17.30 a 19.00 h
Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española
Paseo de Recoletos, 13 MADRID

MODERA:
Ignacio González Vega
Jueces para la Democracia

INTERVIENEN:
Ramón Sáez
Jueces para la Democracia
“Los crímenes de Derecho Internacional”

Alicia Moreno
Rigths International Spain
"Casos ante la Audiencia Nacional, en especial el caso Tíbet"


Carmen Miguel
Amnistía Internacional
Presentación del informe "Análisis de Amnistía Internacional sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial"

ORGANIZAN:
Amnistía Internacional
Jueces para la Democracia
Rigths International Spain

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Jornada El papel del Gobierno en el nombramiento de jueces y fiscales, y la independencia del Poder Judicial

Organizadores. Jueces Para la Democracia-Unión Progresista de Fiscales.
Lugar. Barcelona. Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Pau Claris, 158 -160

El papel del Gobierno en el nombramiento de jueces y fiscales, y la independencia del Poder Judicial

The role of the Government in the appointment of judges and prosecutors, and the independence of the judicial power.

16:00 Moderador: Jose María Mena, ex fiscal jefe del TSJ de Catalunya.

Ignacio U. González Vega, Jueces para la Democracia
Emilio Jesús Sánchez Ulled, Unión Progresista de Fiscales
Antonio Cluny. Presidente de MEDEL

lunes, 17 de noviembre de 2014

Jornadas "El compromiso con los derechos fundamentales: contra la ley del (os) más fuerte (s)".

Jornadas de la Comisión de Penal de Jueces para la Democracia.

"El compromiso con los derechos fundamentales: contra la ley del (os) más fuerte (s)"

Barcelona 20 y 21 noviembre 2014


Estas Jornadas son una buena ocasión para reflexionar sobre los problemas que nos acucian: un volumen de trabajo difícilmente abordable y la permanente dialéctica entre la defensa de los derechos y libertades ciudadanas y la necesidad de investigar y enjuiciar los hechos delictivos; en particular, aquéllos que de quedar sin respuesta, provocan mayor desafección en la ciudadanía hacia un modelo de convivencia en el que la desigualdad, siempre presente, se viene incrementando hasta lo insoportable.

viernes, 14 de noviembre de 2014

Comunicado desahucios y sobreendeudamiento en España

El próximo sábado se cumplen dos años desde la entrada en vigor del RD Ley 27/2012, de 15 de noviembre, sobre medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, cuya principal medida consistió en suspender dos años los procedimientos de ejecución hipotecaria que afectaban a las familias en riesgo de exclusión social y el mandato al Gobierno para que emprendiera de manera inmediata, junto con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Mediante la Ley 17/013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se mantuvo la suspensión de los lanzamientos que ya se contemplaba en el RD Ley de 2012, definiéndose los requisitos legales para considerar a una familia en situación de riesgo de exclusión social en base a parámetros  subjetivos, niveles de renta (tres veces el IPREM) y la carga que implicara el pago de la hipoteca.

Pese a ello, según los datos que ha ofrecido recientemente el Ministerio de Economía, sólo unas 20.000 familias españolas se han beneficiado de las medidas de protección frente al sobreendeudamiento, incluyendo suspensiones de lanzamientos, reestructuración de deuda y daciones en pago, frente a los 346.784 lanzamientos que, según el C.G.P.J, se produjeron en España desde enero de 2008 hasta junio de 2014.

En cuanto al Fondo Social de Vivienda, los 33 bancos que lo componen habían aportado, a mes de enero de 2013, 6.000 viviendas, de las cuales siguen vacías 4.600, cuando según las mismas fuentes del C.G.P.J, desde ese mismo mes hasta junio de 2014, han perdido su vivienda 104.430 familias.

Todos estos datos confirman que, pese a los anuncios del gobierno, sigue sin afrontarse una política global sobre la vivienda en España y la respuesta que debe darse a las familias que, por causa del desempleo y la precariedad, no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o se mantienen en sus viviendas a costa de  sacrificios extremos, cuando, por el contrario, muchas de las entidades que ofrecieron  los préstamos hipotecarios llevando a cabo agresivas prácticas bancarias despreciando el riesgo crediticio, han recibido ingentes cantidades de dinero público y sus consejos de administración ofrecen un lamentable espectáculo de falta de ética.

Por ello, desde Jueces para la Democracia reiteramos una vez más la exigencia de que se apruebe una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que permita a las familias una segunda oportunidad mediante la renegociación de sus deudas, imponiendo a las entidades bancarias, en su caso, medidas de reestructuración y/o dación en pago, así como la necesidad de que el gobierno impulse un Fondo Social que garantice efectivamente el derecho constitucional a una vivienda digna.
De otro modo, la prórroga de los lanzamientos, aunque pueda beneficiar temporalmente a muchos ciudadanos en riesgo de exclusión, no hará sino demorar la solución del problema y cronificar una situación de injusticia social, que genera una gran bolsa de pobreza, y de cuyas causas profundas no son responsables.

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Comunicado conjunto sobre corrupción


La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:

  • Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial.

  • Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

  • Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

  • Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

  • Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

  • Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

  • Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

  • Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
Jueces para la Democracia
Foro Judicial Independiente
Unión Progresista de Fiscales

Asociación Profesional Independiente de Fiscales