viernes, 11 de septiembre de 2015

Jueces para la Democracia ante la situación de las personas refugiadas

La crisis que se ha generado con la llegada a los países europeos de miles de refugiados y refugiadas que huyen de la guerra ha puesto a prueba el compromiso con los derechos humanos de nuestras instituciones. Sigue incrementándose el número de personas que están llegando a la Unión Europea en busca de una protección legítima, sin que se hayan adoptado decisiones adecuadas desde una perspectiva jurídica y humana. Y, correlativamente, cada vez son más las personas que han perdido su vida en situaciones dramáticas, entre ellas niñas y niños, mujeres y hombres. 


La pasividad y actuación tardía de las instituciones europeas ha contrastado con una respuesta ciudadana concienciada que ha mostrado su solidaridad con las personas que solicitan asilo y su indignación por no haberse impedido numerosas tragedias personales, en unos desplazamientos hasta nuestro continente que conllevan unos riesgos evidentes. En concreto, nuestro Gobierno no ha sabido estar a la altura de las circunstancias para defender una gestión global europea en materia de asilo que diera solución a esta crisis. Al contrario, se ha mostrado muy poco dispuesto a asumir sus obligaciones jurídicas y las medidas propuestas por los organismos internacionales.

Desde Jueces para la Democracia debemos recordar a nuestras instituciones que la protección de las personas refugiadas no es una cuestión de caridad de carácter opcional, sino un asunto referente a la protección de los derechos que tiene contenido obligatorio. Los derechos humanos también deben respetarse en nuestras fronteras. Y, por supuesto, cuando cualquier persona solicita asilo dentro de nuestro país. Los deberes legales del Estado español vienen impuestos por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo de Nueva York, por lo que debe respetar el derecho de asilo de las personas que sufren persecución en su país.

En consecuencia, solicitamos un plan europeo global, a partir de los criterios generales de la ONU. Y ello debería complementarse con una planificación interna coordinada por el Gobierno español junto a las restantes instituciones del país, para asegurar una acogida adecuada que cuente con recursos públicos suficientes y también haga operativas las iniciativas ciudadanas de solidaridad. También reclamamos que se establezcan fórmulas efectivas para que las personas refugiadas puedan pedir asilo en las embajadas y organismos diplomáticos más cercanos a sus países, con expedición de visados humanitarios, sin que tengan que poner su vida en peligro con travesías especialmente peligrosas. Dicha medida garantizaría de manera efectiva sus derechos y acabaría con gran parte del tráfico de seres humanos en estas circunstancias.

Consideramos que deben modificarse las políticas europeas de migración y asilo, en especial el sistema Schengen y los reglamentos de Dublín. Resulta indispensable la suspensión urgente de la disposición del Reglamento III de Dublín que obliga a los solicitantes de asilo a regresar a su lugar de entrada. Y debería avanzarse hacia una actuación europea uniforme, para que todos los estados apliquen los mismos requisitos y procedimiento, pues no es aceptable un marco en el que la disparidad de normas nacionales sigue agravando los problemas. En todo caso, se debería abordar con rigor el origen de todas estas situaciones, a través de la ayuda humanitaria y financiera necesaria a los países afectados por el conflicto bélico, así como con el impulso de la Unión Europea para que se celebren negociaciones de paz bajo la dirección de la ONU.

Desde Jueces para la Democracia nos adherimos públicamente al movimiento de solidaridad que está recorriendo nuestro país y otros estados europeos. Queremos recordar que en España cientos de miles de personas tuvieron en el pasado la condición de personas refugiadas y fueron acogidas en otros lugares, al huir de las consecuencias de la guerra y de la represión. No podemos ser indiferentes ante estas situaciones, ni tampoco ante las vulneraciones de derechos humanos. Están en juego valores básicos de nuestra civilización. Por ello, reclamamos al Gobierno español y a las instituciones europeas que cumplan con sus obligaciones jurídicas. Y que muestren una mayor determinación ante tragedias que afectan de forma muy directa a la dignidad humana. 

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA